Y se aprobó en solemne consejo de ministros, anunciado por las calles de Sevilla (!) a costa de dinero público empleado de tan útil manera en tiempos de crisis (!!). Y contenía el polémico texto sobre descargas ilegales (!!!) que no son ilegales y por tanto no se deberían llamar piratería a pesar de que haya gente todavía equivocándose de sustantivo, pero que podrán ocasionar el cierre de webs, como si las webs fueran la única manera de descargar ficheros (!!!!), lo que puso de manifiesto una vez más, de muchas, demasiadas, que la política necesita un lavado con lejía y que las democracias modernas, aun siendo la mejor alternativa conocida de sistema de gobierno, deberían ser renovadas urgentemente.
Mientras esperamos tranquilamente en nuestro sofá a que eso no pase viendo en la tele la idiotez ésa de que esto (a lo que no se pone nombre de crisis para no empañar el optimismo desbordante) lo arreglamos entre todos (aunque sepamos perfectamente quiénes lo han provocado, que no somos todos) “remando en la misma dirección” (que alguna mente preclara seguramente no dudará en proporcionarnos), siempre es cómodo protestar en un medio como éste, al que nadie hace realmente caso, para echar los sapos y las culebras y así quedarnos tranquilos un minutito más. Por ejemplo:
– Manifiesto por la defensa de los derechos fundamentales en Internet –
- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
