¿No os habéis dado cuenta de que es a las instituciones públicas, como institución, a las que cuando cometen un error y perjudican a alguien, y (años después) la justicia decide que han sido culpables de tal perjuicio, se les asocia la pena a pagar? Por supuesto, como una institución no existe físicamente, la pena no puede ser de cárcel, así que suele ser pagar una indemnización a los afectados (como mucho habrá alguna dimisión, que en política ya sabemos que es equivalente a recolocación automática).
¿Y quién está dando el dinero para pagar realmente esas indemnizaciones, causadas por personas concretas dentro de esa institución pública? Pues nosotros, todos nosotros, a través de los impuestos que sostienen a esas instituciones.
¿Y quién se anota en el currículum que ha sido tal cargo de tal institución? Pues quizás, precisamente, una de las personas culpables del daño (y ya hablaremos en otra ocasión de por qué demonios el mero hecho de haber sido cargo en una institución es motivo de mérito en un CV; se puede haber sido un cargo pésimo).
Por tanto, algo muy importante cambiaría en política y en esta sociedad cada vez más absurda si en todos y cada uno de los casos en que una institución pública fastidiara a alguien la ley estuviera obligada a identificar a las personas concretas responsables y a asignarles íntegramente a ellas (y a sus propios pecunios) la responsabilidad de sus actos, incluyendo penales, y nunca, nunca, a la institución. Seguro que entonces actuaban con mucho más cuidadito…
